El Tribunal Constitucional dict\u00f3 sentencia en fecha 16 de julio de 2019 confirmando la Sentencia del Tribunal Supremo 116\/2017 de 23 de febrero, Caso Lista Falciani, desestimando la demanda de amparo que el recurrente Sixto Delgado de la Coba formul\u00f3 por vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales a la presunci\u00f3n de inocencia y a un proceso con todas las garant\u00edas, del art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n. Esta sentencia es relevante ya que confirma -con pocos matices- la interpretaci\u00f3n que el Tribunal Supremo realiz\u00f3 del art\u00edculo 11.1 de la LOPJ, en su sentencia precedente.<\/p>\n
El Sr. Falciani era un trabajador del banco suizo HSBC Private Bank Suisse <\/em>de Ginebra y, aprovechando su posici\u00f3n laboral, se apropi\u00f3 de listados de informaci\u00f3n econ\u00f3mica de los clientes de la entidad bancaria, con la intenci\u00f3n de venderlos a terceros y lucrarse. Estos listados de informaci\u00f3n fueron hallados en una entrada y registro practicada en el domicilio del Sr. Falciani y utilizados como prueba de cargo en el proceso penal en Espa\u00f1a contra el Sr. Delgado de la Coba por delitos contra la Hacienda P\u00fablica.<\/p>\n Ante la alegaci\u00f3n que al respecto formul\u00f3 la defensa del Sr. Delgado de la Coba, la Sala Segunda del Tribunal Supremo consider\u00f3 en su sentencia que esos listados de informaci\u00f3n que incriminaban al recurrente en casaci\u00f3n no eran prueba il\u00edcita, ex <\/em>art\u00edculo 11.1 LOPJ, habida cuenta de que hab\u00edan sido obtenidos por un particular y con una intenci\u00f3n ajena a la preparaci\u00f3n de pruebas para presentar en un proceso penal. As\u00ed, el Tribunal Supremo concluy\u00f3 que la \u201cregla de exclusi\u00f3n [de la prueba il\u00edcita] s\u00f3lo adquiere sentido como elemento de prevenci\u00f3n frente a los excesos del Estado en la investigaci\u00f3n del delito\u201d. De modo que \u201cla prohibici\u00f3n de valorar pruebas obtenidas con vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales cobra su genuino sentido como mecanismo de contenci\u00f3n de los excesos policiales en la b\u00fasqueda de la verdad oculta en la comisi\u00f3n de cualquier delito\u201d. Matiz\u00f3 la sala de casaci\u00f3n que ello no supon\u00eda aceptar incondicionalmente la licitud de las fuentes de prueba obtenidas por particulares, sino que deb\u00edan ponderarse las circunstancias de cada caso y la intencionalidad en la obtenci\u00f3n de esas fuentes de prueba. La sentencia consider\u00f3 que ser\u00e1 determinante que \u201cnunca, de forma directa o indirecta, haya actuado [el particular] como una pieza camuflada al servicio de la investigaci\u00f3n penal, pues, en caso contrario, la regla de exclusi\u00f3n probatoria ser\u00eda plenamente aplicable\u201d.<\/p>\n El recurrente en amparo argument\u00f3 que la interpretaci\u00f3n del Tribunal Supremo de la regla de exclusi\u00f3n de las fuentes il\u00edcitas de prueba vulneraba sus derechos fundamentales a la presunci\u00f3n de inocencia y a un proceso con todas las garant\u00edas, siendo que un pronunciamiento estimatorio del Tribunal Constitucional supondr\u00eda la absoluci\u00f3n del Sr. Delgado de la Coba, al ser tal listado de informaci\u00f3n la \u00fanica prueba de cargo contra el condenado. Asimismo, el recurrente consider\u00f3 que la Sala Segunda del Tribunal Supremo hab\u00eda restringido de modo excepcional el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 11.1 LOPJ, entendiendo que deb\u00eda objetivarse la interpretaci\u00f3n de tal precepto, pues su interpretaci\u00f3n literal no daba cabida a diferenciar los supuestos seg\u00fan la intenci\u00f3n subjetiva que motiv\u00f3 al autor de la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales en el momento de realizarla.<\/p>\n La sentencia del Tribunal Constitucional, tras exponer los principios generales de la doctrina constitucional sobre la prueba il\u00edcita y los elementos del juicio de ponderaci\u00f3n, entra a valorar si la interpretaci\u00f3n del Tribunal Supremo del art\u00edculo 11.1 de la LOPJ -conforme esta disposici\u00f3n legal no se refiere a cualquier violaci\u00f3n de derechos fundamentales sino, como corresponde al estricto \u00e1mbito procesal en el que despliega su eficacia, a la proscripci\u00f3n de utilizar instrumentalmente medios de investigaci\u00f3n que lesionen estas titularidades primordiales- es respetuosa con las exigencias constitucionales que dimanan del art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n. Advierte, en primer lugar, que no es revisable en amparo la consideraci\u00f3n del Tribunal Supremo conforme s\u00ed se hab\u00eda vulnerado el derecho fundamental a la intimidad, como derecho fundamental sustantivo. Concluye, en segundo lugar, que el sentido espec\u00edfico de la garant\u00eda del proceso debido incluida en el art\u00edculo 24.2 de la Constituci\u00f3n es el de proteger a los ciudadanos de la violaci\u00f3n instrumental de sus derechos fundamentales que ha sido verificada, justamente, para obtener pruebas. Afirma que con ello, se protege la integridad del sistema de justicia, la igualdad de las partes y se disuade a los \u00f3rganos p\u00fablicos, en particular, a la polic\u00eda, pero tambi\u00e9n a los propios particulares, de realizar actos contrarios a los derechos fundamentales con fines de obtener una ventaja probatoria en el proceso. Fuera de tales supuestos, es decir, cuando no existe una conexi\u00f3n o ligamen entre el acto determinante de la injerencia en el derecho fundamental sustantivo y la obtenci\u00f3n de fuentes de prueba, las necesidades de tutela de dicho derecho son ajenas al \u00e1mbito procesal y pueden sustanciarse en los procesos penales o civiles directamente tendentes a sancionar, restablecer o resarcir los efectos de la vulneraci\u00f3n en aqu\u00e9l.<\/p>\n As\u00ed, el Tribunal Constitucional concluye que el hecho de que el autor de la vulneraci\u00f3n originaria del derecho sustantivo fuera cometida por un particular no altera en absoluto el canon de constitucionalidad aplicable desde la \u00f3ptica del derecho a un proceso con todas las garant\u00edas (art.24.2 CE), \u201cde suerte que la exclusi\u00f3n de los elementos probatorios obtenidos ha de ser, tambi\u00e9n en este tipo de supuestos, el punto de partida o regla general\u201d, si bien el \u00f3rgano judicial podr\u00e1 valorar en cada supuesto, con arreglo a los par\u00e1metros que ya han sido expuestos, la ausencia de necesidades de tutela procesal. Asimismo, afirma que tal y como consider\u00f3 la sentencia objeto de demanda de amparo, en el caso analizado la intromisi\u00f3n en el derecho a la intimidad carece de cualquier conexi\u00f3n instrumental, objetiva o subjetiva, con actuaciones investigadoras llevadas a cabo por las autoridades espa\u00f1olas o por alguna parte procesal no p\u00fablica. De modo que desde el par\u00e1metro de la \u201c\u00edndole y caracter\u00edsticas de la vulneraci\u00f3n\u201d originaria en el derecho fundamental sustantivo, la tutela de la intimidad de los clientes de la entidad bancaria frente a la violaci\u00f3n cometida por el Sr. Falciani queda plenamente colmada con los procedimientos penales o civiles que puedan desplegarse en el pa\u00eds en el que se ha consumado esa intromisi\u00f3n inter privatos<\/em>, sin que se observe ninguna conexi\u00f3n instrumental con el proceso penal espa\u00f1ol. A\u00f1ade que desde el punto de vista de control interno, esos listados obtenidos fruto de la violaci\u00f3n consumada en el derecho a la intimidad solo indican la existencia de la cuenta bancaria y el importe de la misma, sin los concretos movimientos de la cuenta los cuales s\u00ed podr\u00edan revelar comportamientos o h\u00e1bitos de vida del interesado. De modo que seg\u00fan el parecer de la sentencia, no hubo una intromisi\u00f3n con la intensidad suficiente que exija extender las necesidades de tutela del derecho sustantivo al \u00e1mbito del proceso penal, por no existir esa conexi\u00f3n instrumental entre dicho proceso y el acto de injerencia. Puntualiza que \u201cadem\u00e1s (\u2026) la intromisi\u00f3n se ha producido fuera del territorio donde rige la soberan\u00eda espa\u00f1ola, por lo que a la menor intensidad de la injerencia se une que s\u00f3lo el n\u00facleo irrenunciable del derecho fundamental inherente a la dignidad de la persona [podr\u00eda] alcanzar proyecci\u00f3n universal\u201d. Finaliza la sentencia su razonamiento indicando que tal interpretaci\u00f3n no genera un riesgo de propiciar pr\u00e1cticas que a futuro <\/em>comprometan la efectividad del derecho fundamental en el ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol, habida cuenta que en Espa\u00f1a no hay opacidad bancaria amparada por el poder p\u00fablico que pudiera dar lugar a la proliferaci\u00f3n de intromisiones il\u00edcitas entre particulares.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Tribunal Constitucional dict\u00f3 sentencia en fecha 16 de julio de 2019 confirmando la Sentencia del Tribunal Supremo 116\/2017 de 23 de febrero, Caso Lista Falciani, desestimando la demanda de amparo que el recurrente Sixto Delgado de la Coba formul\u00f3…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[5],"tags":[],"yoast_head":"\n